Hace escasas horas apareció un artículo en el periódico El País que analiza una medida educativa del Gobierno central español basada en financiar gratuitamente los estudios universitarios de sus ciudadanos. Si observamos el gasto de matrícula en el primer año de facultad, 500 millones de euros de gasto se necesitan para sostener a miles de estudiantes para que una pequeña parte de ellos abandonen porque la rama de conocimiento elegida no cumpla con sus expectativas personales.
Esta medida parece atractiva para muchas fábricas de sueños que son coartadas ante miles de rentas familiares que no pueden costear estudios superiores. Sin embargo, expertos en materia económica consideran inviable esta medida, tanto por el vaivén que sufriría el sistema financiero la carga electoralista que contiene esta propuesta.
Sin duda, la lectura de esta pieza periodística abre un debate que atañe a toda nuestra sociedad, desde padres, pasando por estudiantes y profesores y terminando por la administración gubernamental. Todos nos hacemos la siguiente pregunta: ¿es la solución oportuna a largo plazo para cada una de las piezas del puzzle?
Nadie puede discutir que todo lo que no sea abonar billetes para estudiar resulta beneficioso, ya que mucha gente no se quedará en el camino. Pero claro, además de que no siempre salen rentables porque el mundo nini empezaría a relucir, las vacas flacas asoman la cabeza con bastante frecuencia durante los últimos años y el ámbito educativo suele ser la cabeza de turco que suele ser sacrificada.
Su sacrificio se basa en el gran tijeretazo vendido como una medida en la que nos abrochamos el cinturón cuando las arcas no han sido gestionadas con la maestría exigida. Nadie duda que en tiempos de bajeza, se necesita gastar lo menos posible, pero si pilares como la educación salen perjudicados, nos encontramos ante un problema que se puede evitar si se asientan bases correctas.
Es cierto que las enseñanzas Primarias y Medias necesitan un buen lavado de imagen, pero la Universidad exige una cumbre digna del G-20. Al fin y al cabo, la educación superior marca hipotéticamente el trampolín laboral para las generaciones futuras y como diría el actor Francesc Orellá interpretando a Merlí: "la educación debería considerarse una inversión y no un gasto".
Pero claro, existe el punto medio, cosa que muchos de los españoles no entendemos. Ni hay que ser extremadamente reestrictivos a la hora de apoyar talentos, pero tampoco hay que gastar en alguien que no muestra intención de aprovechar las oportunidades. José Montalván, profesor de economía en Estocolmo, lo sabe precisando la siguiente cita: "la clave no está en fincanciar a todos la matrícula, sino en invertir en etapas educativas iniciales para reducir el 17 % de apoyo escolar temprano".
Supongamos que a corto o medio plazo hemos reducido la lacra del abandono escolar asentando nuevas bases en este sistema, ¿que podemos hacer para que todos tengan la posibilidad de cumplir sus sueños académicos?
Expertos en economía toman como referencia el sistema británico. Se basa en dar en préstamos otorgados por el Ministerio a cero intereses y el estudiante lo devolvería cuando el mundo laboral le diera la bienvenida. De este modo, se promovería un funcionamiento cíclico en el que se trabajaría para financiar la vida estudiantil de las generaciones venideras.
Resulta atractiva la medida si se restan impuestos de dudosa finalidad, ya que se cotizaría para una causa social beneficiosa para toda la ciudadanía. El problema radica en que existen individuos que ostentan una trayectoria académica exitosa inversamente proporcional a su devenir laboral, por lo que no podrían devolver la ayuda recibida. Este hecho generaría un vacío económico que erosionaría la misma.
Ante tanto dilema, ¿qué solución promueve un humilde estudiante como el autor de este manifiesto escrito? Un meticuloso estudio que valore la renta económica y el expediente económico que ha ido fraguando.
La solución suena excesivamente genérica, por lo que sería preciso identificar la nota en función de la dificultad de los estudios de grado, es decir, no es lo mismo un 7 en una reestrictiva facultad de determinada rama del saber en una específica ciudad que en otra en la que llegar al notable en ciertos estudios de grados ubicados en un lugar particular lugar sea relativamente fácil.
Con respecto a lo ingresado anualmente junto al patrimonio, la pluralidad y las particulares campan a sus anchas a la hora de conceder becas. Podemos encontrar a alguien que se queda fuera por escasos 100 euros del sistema de ayudas y que no pueda financiarle la estancia y la manutención a pesar de hincar los codos con bastante eficacia.
También hay casos que logran su beca porque la labor de los cabezas de familias no les permite llegar al salario mínimo interprofesional, pero tienen a Don dinero en manos de abuelos para que la ayuda ministerial se convierta en fuente de caprichos al unísono de una labor estudiantil esperpéntica.
Entonces, además de hacer un seguimiento calificatorio al son de las exigencias de la facultad en la que se encuentre el solicitante, sería positivo dar con la mayor precisión posible con el desplazamiento que va a ejercer el individuo, los condicionantes que tiene en mente la familia y sobre todo, si los estudios siguen un coste necesario.
¿Qué quiero decir con el coste? Muy sencillo, habrá gente que quiera estudiar, por ejemplo, un doble grado de Derecho+Periodismo, pero la familia no puede costearle su proyecto porque la facultad se encuentra a 400 km y no cumple con las exigencias ministeriales. Pero puede realizarlo en una universidad privada. En ese caso, ayudaría una mayor flexibilidad en la consesión de becas.
La verdad es que da dolor de cabeza dar con una solución ante tal asunto sin haber realizado un estudio específico durante años de ejercicio profesional e investigador, pero aquí dejo de mi teclado "mi humilde opinión". ¿Cuál es la vuestra?